El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que el Proyecto de Ley Orgánica de Minas representa un paso clave para ordenar la actividad minera en Venezuela, proteger los recursos naturales y garantizar que la riqueza mineral se traduzca en bienestar para el pueblo.
Durante el debate parlamentario, Rodríguez destacó que el instrumento legal, aprobado en primera discusión por el Parlamento, busca establecer un marco claro para la gestión de los recursos minerales del país, fortaleciendo la capacidad del Estado para administrar estos activos estratégicos.
El presidente del Legislativo subrayó que uno de los objetivos centrales de la normativa es combatir el contrabando de oro y asegurar que estos recursos ingresen a la economía nacional para transformarse en inversión social y desarrollo.
“El oro que hoy se recupera del contrabando o que se incorpora a la economía formal puede convertirse en hospitales, salarios, autopistas y vialidad agrícola”, expresó Rodríguez al referirse al impacto social que puede tener la correcta administración de los recursos minerales.
Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, diputado Orlando Camacho, explicó que la ley establece principios rectores para el desarrollo de la actividad minera en zonas no urbanizadas, basados en el desarrollo sostenible, la conservación ambiental, el equilibrio económico de los contratos y la seguridad jurídica.Camacho también resaltó que el nuevo marco legal busca generar confianza para la inversión nacional y extranjera en el sector, promoviendo un modelo de explotación responsable que permita impulsar la economía del país y garantizar el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Asimismo, el proyecto contempla mecanismos de mediación y arbitraje independiente para la resolución de controversias, lo que contribuirá a ofrecer mayor estabilidad y transparencia a los actores involucrados en la actividad minera.
En la misma sesión, la Asamblea Nacional avanzó en la aprobación, en segunda discusión, de seis artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, normativa orientada a reducir los tiempos de respuesta del Estado y simplificar los procesos para los ciudadanos.
Con estos instrumentos legislativos, el Parlamento busca fortalecer la institucionalidad, optimizar la gestión pública y consolidar un marco jurídico que impulse el desarrollo económico sostenible del país.Fuente CE