(Prensa Minería).- Como parte del proceso de reforma que se está ejecutando a la Ley de Minas, proyecto que fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN) a principios de esta semana, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, lideró la Consulta Pública con el pueblo minero del estado Bolívar, de cara al decreto de esta ley.
La jornada de realizó en dos momentos; la primera en el Complejo Industrial Minero Domingo Sifontes, donde participaron alrededor de 500 trabajadores de este motor productivo; la segunda se realizó en la comunidad Belén II con más de 1.000 mineros, con la finalidad discutir los aspectos importantes del nuevo marco legal.
El proceso de Consulta Publica contó con la presencia del viceministro del Oro, Luis Pérez; el viceministro de Otros Minerales Estratégicos No Auríferos, Jesús Mieres; el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN, Orlando Camacho; legisladores y legisladoras de los estados Bolívar y Guayana Esequiba, y demás autoridades.
Durante la primera asamblea, en el Complejo Industrial Minero Domingo Sifontes, los trabajadores, alianzas mineras y empresarios del rubro recibieron información sobre los cambios que presenta esta Ley de Minas, reflejando la importancia de la opinión pública para el crecimiento de nuevos lazos estratégicos y el desarrollo sostenible de esta actividad productiva.
El viceministro Luis Pérez indicó que el pueblo, de la mano del Gobierno Bolivariano, avanza en la construcción del país y modelo minero que todos esperan.
Luego de afirmar que los puntos tratados durante el encuentro serían discutidos también en próximas oportunidades, agregó que “la aprobación de la ley contará con el compromiso del sector minero”.
Asimismo, el diputado Pedro Infante expresó que esta ley acerca la teoría que se tiene de la minería a la práctica. Además, resaltó la participación del pueblo de El Callao en la producción mineral, asegurando que “si alguno quiere venir a discutir esta ley, es aquí».
Por su parte, Ramón Calderón, trabajador minero de La Ramona, felicitó a las autoridades por llevar la ley al pueblo y que sea debatida, resaltando la importancia de que todos aporten a su ejecución.
Añadió: “Nosotros también, desde la pequeña minería, hemos aportado bastante para la minería del país». El ministro Héctor Silva aplaudió las palabras del trabajador y reconoció que esta ley busca garantizar la seguridad y la protección de los pequeños mineros para que, si llegasen empresas trasnacionales al país, no se vea afectada.
Más de 1.000 mineros del sector Belén II participaron en la Consulta Pública
El segundo encuentro de esta Consulta Pública se realizó con la comunidad minera de Belén II, en El Callao, donde el ministro Silva enfatizó la necesidad de un marco legal humano y técnico:
«Debemos formar a nuestros mineros y acercar las leyes a las realidades que viven nuestros pueblos, garantizando que el conocimiento técnico y el marco legal caminen de la mano con las necesidades sociales de cada territorio».
Asimismo, destacó que la evolución del sector contará con un respaldo financiero sólido con la creación del Fondo Nacional Minero, asegurando que el crecimiento será a pequeña y mediana escala, transformando los métodos de trabajo en procesos industriales modernos, dignos y plenamente integrados al desarrollo económico nacional.
Al respecto, el viceministro Jesús Mieres señaló: «Nos desplegaremos por todo el sector minero para dar a conocer las recomendaciones y los aportes necesarios para materializar la visión de la Nueva Ley de Minas».
Para reconocer el esfuerzo de la minería artesanal, se anunció que la nueva ley establece que los mineros podrán movilizarse sin Guía de Circulación del Mineral, por hasta un peso bruto de 30 g, un avance importante para los que ejecutan esta labor.
Finalmente, el ministro Héctor Silva hizo un llamado a la unidad y el orden: «Sigamos organizándonos para alcanzar la formalización a través de los Registros Únicos Mineros y que todas las alianzas mineras trabajen dentro de la legalidad».
Este instrumento legal tiene como objetivos fundamentales modernizar la industria nacional, facilitar la incorporación de tecnología de última generación y flexibilizar las normas vigentes para optimizar el aprovechamiento de los recursos minerales del Estado venezolano, atrayendo la inversión nacional e internacional y brindando bienestar al pueblo venezolano.