La Justicia procesó este lunes al expresidente Alberto Fernández por el delito de lesiones y amenazas en la causa que investiga la violencia de género denunciada por la ex primera dama Fabiola Yañez. Con esta acusación, el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 18 años de cárcel.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del magistrado Julián Ercolini, también ordenó librar un embargo de $10 millones sobre los bienes de Fernández y dejar sin efecto la prohibición de salida del país dictada el pasado 6 de agosto, cuando la ex primera dama radicó la denuncia, refiere Página 12.
De a cuerdo al escrito judicial, el expresidente es considerado “prima facie autor penalmente responsable” de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja y por haber realizado “amenazas coactivas” contra Yañez.
Anteriormente, el pasado 10 de febrero, Fernández insistió con su inocencia en una entrevista periodística. “En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe”, manifestó. Algo similar había indicado en la declaración indagatoria presentada ante el juzgado de Ercolini. “Dejo expresamente en claro que jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez”, escribió en un texto de más de 200 páginas.
La denuncia fue presentada por Yañez el 6 de agosto 2024 e incluyó relatos sobre episodios de agresión física y amenazas. En su declaración, Yañez describió situaciones que habrían ocurrido durante su relación con Fernández, incluso durante su embarazo y la convivencia en la Quinta de Olivos, y que motivaron la apertura de la investigación.
Yañez posteó en sus redes fotografías con moretones en su cara y Fernández aseguró en reiteradas oportunidades que los hematomas fueron producto de una intervención estética y argumentó que su expareja transitaba problemas de salud mental.
Yañez se encuentra radicada en Mardid, España, junto a su pequeño Francisco, hijo fruto de su relación con Fernández.
Cabe destacar que el exjefe de Estado argentino también está imputado en otra causa que investiga las intermediaciones que hubo con la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su gestión, destaca Sputnik.