Para entender de qué se trata la ley de la que se valió el presidente estadounidense Donald Trump, para deportar masivamente a ciudadanos venezolanos, hay que saber que el magnate desempolvó una ley de 1798, llamada Alien Enemies Act que no es otra cosa que una ley de guerra que sólo se ha aplicado en tres ocasiones: contra los británicos tras la guerra de independencia, contra los alemanes tras la primera guerra mundial y contra los japoneses durante la segunda guerra mundial.
Teniendo en cuenta esta situación y las características de la ley, la desproporción de la medida queda en evidencia, en primer término, porque Estados Unidos y Venezuela no están en guerra. Por otra parte, la declaración de la medida contra los miembros del denominado Tren de Aragua, criminaliza a los venezolanos como grupo y le impide cualquier derecho a la defensa.
Tras invocar la polémica ley, el juez federal de distrito James E. Boasberg, cuestionó este si la administración de Trump ignoró sus órdenes de hacer regresar los aviones que transportaban deportados a El Salvador en posible violación de una decisión que había emitido minutos antes.
Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones de la administración de que sus instrucciones verbales no contaban, que solo debía seguirse su orden escrita, que no podía aplicarse a vuelos fuera de los EE. UU. y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes debido a cuestiones de seguridad nacional.
La respuesta del gobierno de Trump
La administración Trump se saltó la orden del juez y lo justificó con su derecho a aplicar una política de seguridad. El subdirector de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que el juez federal que bloqueó temporalmente la ley para acelerar las deportaciones tenga competencias para hacerlo.
«Si un juez de distrito puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país», dijo Miller, quien es el arquitecto de la política migratoria de Trump.
Según el gobierno de Trump, la banda delictiva el Tren de Aragua, que nació en las cárceles de Venezuela y que ya fue erradicada por el gobierno de Nicolás Maduro, «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio».
Sin embargo, para el gobierno estadounidense no ha sido fácil probar estas afirmaciones, como tampoco ha logrado identificar con elementos de prueba, a ninguno de los ciudadanos venezolanos que ha acusado de pertenecer a esta banda.
Miller confirmó que el gobierno se saltó la orden del juez, basado en que «si llegamos a un punto en este país en el que los jueces de los tribunales de distrito pueden interferir y dirigir objetivos específicos o no, y decir quién debe controlar el territorio, ¿podrían dirigir qué general en el campo de batalla va a estar a cargo de tomar qué decisiones?», preguntó.
Violaciones a convenios internacionales
La acción de deportación masiva de venezolanos aplicada por el gobierno estadounidense, tiene severas trasgresiones al derecho internacional y a los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Este fin de semana, dos vuelos que llevaban a 261 deportados, 238 de ellos venezolanos, llegaron a territorio salvadoreño sin que ninguno de los ciudadanos tuviera derecho a la asesoría legal. Tampoco se demostró la relación de ninguno de estos ciudadanos con la agrupación delictiva Tren de Aragua.
El economista y profesor universitario venezolano, residenciado en Estados Unidos, Francisco R. Rodríguez, analizó en sus redes sociales que esta acción aplicada por el gobierno de Trump “tiene implicaciones legales y políticas gravísimas”.
El experto asegura que la Alien Enemies Act, que es como se llama la ley invocada por Trump. “permite al gobierno de EE.UU. deportar extranjeros sin debido proceso en tiempos de guerra o invasión. Al aplicarla a venezolanos, la administración está tratando a los venezolanos como combatientes enemigos”.
Con esa ley, los venezolanos mayores de 14 años pueden ser deportados con solo una acusación de pertenecer al Tren de Aragua, sin necesidad de pruebas ni posibilidad de defenderse en tribunales. Rodríguez asegura que el procedimiento criminaliza a los venezolanos por su nacionalidad.
Asegura que “esta orden presidencial crea un vacío legal que permite expulsar venezolanos solo con una acusación. Para efectos de deportación, tiene el mismo impacto que una declaración de guerra, aunque no hay conflicto formal”.
Destaca la falta de pronunciamiento de algunos líderes políticos de oposición que no han rechazado este “ataque directo contra los migrantes venezolanos”, lo que resulta “inaceptable y debe ser rechazada por todos”.
Finalizó indicando que “utilizar leyes de guerra para justificar deportaciones masivas es una atrocidad jurídica que sienta un precedente gravísimo”.
El Tren de Aragua, auge y caída
El Tren de Aragua fue originalmente una pandilla carcelaria liderada por el prófugo de la justicia venezolana Héctor «Niño» Guerrero, que la convirtió en «organización criminal transnacional» apoyado en la migración inducida por sectores de la derecha nacional, que colocaron a algunos de estos delincuentes en diversos países, incluyendo a Estados Unidos.
La organización delictiva tuvo sus inicios en la prisión venezolana de Tocorón, en Aragua, donde se extendió bajo el chantaje a internos como principal sistema de negocio, y creció conformando redes en el extranjero desde el año 2020.
Muchos de sus integrantes son víctimas de la misma organización, personas incorporadas tras ser obligadas a pagar una cuota periódica para mantener su negocio o su integridad física. Las personas migrantes son uno de los objetivos principales.
El presidente Donald Trump ha apuntado al Tren de Aragua al considerar que se han «infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país».
En 2023, las autoridades venezolanas anunciaron el desmantelamiento de ocho «mafias carcelarias» en varios operativos desplegados en centros penitenciarios, entre ellas el Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las siete cárceles intervenidas.
El gobierno venezolano, a propósito de las deportaciones de venezolanos migrantes desde EE.UU., que el Tren de Aragua fue desmantelado. Maduro ha demostrado que el Tren de Aragua tiene vínculos con las protestas opositoras y asegura que los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque protegen al «Niño Guerrero» en territorio neogranadino.