Un juez federal dio hasta hoy plazo al Departamento de Justicia de Estados Unidos para proporcionarle de forma confidencial más información sobre las deportaciones del Gobierno de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La orden de James Boasberg para obtener respuestas de forma secreta llega después de que un abogado del DOJ (sigla en inglés por la cual se conoce el Departamento) pusiera obstáculos al proceso durante una audiencia el lunes.
El magistrado exigió, entre otras cosas, detalles sobre los vuelos que trasladaron a más de 250 migrantes, la mayoría venezolanos, supuestamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua, a El Salvador, destaca Prensa Latina.
Boasberg consideró que el Gobierno federal pudo haber violado su orden sobre las deportaciones invocadas por una ley de más de 220 años solo aplicada en tiempo de guerra.
Durante la audiencia, el abogado del DOJ se negó varias veces a responder muchas de las preguntas formuladas por Boasberg, alegando que no estaba “autorizado” a hacerlo.
La demanda al respecto fue presentada por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), cuyo abogado calificó la situación de “crisis constitucional”.
“A esta altura, el Gobierno da la impresión de (…) que sus funcionarios critican públicamente a los jueces federales y afirman que no tienen autoridad. Creo que Estados Unidos está entrando así en un terreno peligroso”.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt tachó de activistas políticos a los jueces norteamericanos.
Los jueces de este país están actuando erróneamente. Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos. Intentan claramente frenar la agenda de esta Administración, y eso es inaceptable», dijo la portavoz presidencial,
La Casa Blanca defiende el uso de la ley marcial de 1798 basándose en que el Tren de Aragua está llevando a cabo una «incursión predatoria» de Estados Unidos. Trump, han insistido que la llegada de inmigrantes indocumentados al país es una invasión y que bandas criminales como el Tren de Aragua han sumido al país en «un periodo de guerra».
Esta Ley de Enemigos Extranjeros que data de 1798, permite detenciones y expulsiones sumarias en caso de guerra o invasión del territorio, justificando con ello el envío este fin de semana de más de 250 personas en varios vuelos a El Salvador y a una cárcel dentro del país centroamericano sin el debido proceso y sin aclarar qué delitos han cometido.
ICE confirma que la mayoría no tiene antecedentes penales
La mayoría absoluta de migrantes venezolanos secuestrados por el gobierno de Estados Unidos, en supuesta concordancia con sus Leyes de Extranjería y Sedición; carecían de antecedentes penales en la nación norteamericana, lo cual elimina cualquier justificación para su actual encarcelamiento en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Tal información fue revelada durante una declaración jurada del alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., Robert Cerna.
Cerna alegó que «la falta de información específica sobre cada individuo resaltaba el riesgo que representaban», además de argumentar que esto «demuestra que son terroristas» de la inexistente banda del Tren de Aragua. Seguidamente, argumentó que este supuesto grupo criminal «ha permanecido en Estados Unidos por un breve período de tiempo», en un intento por justificar la ausencia de registros penales de dichos ciudadanos inocentes.
La declaración fue incluida en la reciente moción de la administración Trump para anular la orden de restricción temporal del juez James Boasberg que bloquea las deportaciones de conformidad con la AEA, según ABC News.
Cerna explicó que para determinar si un migrante pertenecía a la supuesta banda, aseguró que los organismos de seguridad supuestamente emplearon testimonios de víctimas, transacciones financieras, cheques digitales y otras «técnicas de investigación». Amerita mencionar que la administración Trump se abstuvo de revelar de los venezolanos secuestrados, por lo cual se imposibilita determinar si realmente poseían antecedentes penales en Estados Unidos o cualquier otro país.