La delegación venezolana durante su participación en la 108ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que se realiza en La Haya, Países Bajos, reafirmó su compromiso con el desarme químico global y absoluto, y ratificó que el trabajo de dicho organismo internacional depende de la implementación integral, efectiva y equilibrada de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ), en consonancia con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y con base en el Derecho Internacional.
El representante permanente ante la OPAQ, embajador Hector Constant Rosales, destacó que la continuación del trabajo técnico de la organización requiere dejar a un lado la politización en torno al uso de las armas químicas, y confían en que el establecimiento del Grupo de Composición Abierta sobre la implementación de las normas que rigen la elección de los miembros del Consejo, permita dar cumplimiento a la normativa aplicable en favor del trabajo futuro de dicho Consejo, cuya composición actual no se corresponde con lo previsto en el párrafo 23 del artículo VIII de la CAQ.
Venezuela consideró que la aplicación rigurosa de las previsiones de la convención, debe orientar la atención de las denuncias sobre alegaciones del uso de armas químicas por los Estados, lo que exige dejar atrás la práctica del uso de la desinformación y de fuentes no-científicas.
En este ámbito, el diplomático venezolano reiteró la condena enérgica por las acciones genocidas de Israel en Palestina, refiriéndose a la denuncia de utilización de sustancias químicas por los ejércitos de la potencia ocupante y llamando la atención para que esta acción no sea ignorada ni subestimada, ya que amerita el seguimiento cercano por parte de la Secretaría Técnica del organismo.
El embajador Constant Rosales manifestó que, ante la aplicación continuada de las medidas coercitivas unilaterales (MCU), la cooperación internacional, el multilateralismo inclusivo y la asistencia técnica no condicionada resultan fallidas, ya que operan en violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la misma CAQ.
En este contexto, reiteró la denuncia sobre la aplicación ilegal de más de 1.000 de estas medidas que atentan contra los derechos humanos del pueblo venezolano, obstaculizando su derecho al desarrollo e impidiendo el trabajo integral ante la OPAQ, incluyendo el bloqueo del pago de las cuotas; aunado al impacto pernicioso sobre los programas de protección y seguridad químicas de la industria nacional.
El diplomático venezolano hizo referencia a la necesidad del cabal cumplimiento de los artículos X y XI de la referida Convención, especialmente las relacionadas con el desarrollo económico y tecnológico de los Estados, argumentando que la cooperación internacional requiere del incremento de la asistencia técnica, transferencia de tecnologías sin condicionamientos, asignación de mayores recursos monetarios para fortalecer la adquisición de materiales y equipos que acompañen el fortalecimiento de las capacidades nacionales.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas está conformada por 193 Estados y fue creada a través de la Convención sobre las Armas Químicas, la cual entró en vigor en 1997.
El Consejo Ejecutivo está integrado por 41 Estados miembros y se encarga de supervisar las actividades de la Secretaría Técnica y promover la aplicación y el cumplimiento efectivos de la Convención. Venezuela es miembro de dicha organización desde el año 1998 y actualmente ostenta la calidad de Observador ante dicho Consejo.